Las idas y vueltas del Municipio de Tigre en torno a la habilitación de torres de gran altura volvieron a quedar en el centro del debate público.
Según un informe publicado por Amba Diario, la falta de un plan urbano actualizado y el uso reiterado de excepciones administrativas expusieron un modelo de crecimiento desordenado que impacta directamente en la calidad de vida de los vecinos.
Durante los últimos años, el Ejecutivo local impulsó habilitaciones que modificaron el perfil urbano del distrito, pero luego anunció frenos temporales que, lejos de resolver el problema, parecieron responder más a coyunturas políticas que a una verdadera estrategia de planificación. Esa ambigüedad alimentó el malestar social y la desconfianza.
Además que estas decisiones se tomaron sin un debate profundo en el Concejo Deliberante ni estudios integrales de impacto ambiental y de servicios, dejando al descubierto un esquema poco transparente y con reglas cambiantes según el contexto.
Lejos de impulsar un Código Urbano integral, el Ejecutivo propone ahora una medida exprés de “límite de alturas” que, según advierten distintos sectores, no apunta a ordenar la ciudad, sino a destrabar las torres frenadas por la Justicia y devolver previsibilidad al negocio inmobiliario. En los hechos, el límite funcionaría como una nueva habilitación encubierta.
La iniciativa aparece bajo doble presión: por un lado, la Justicia, que exige una discusión real; por otro, los desarrolladores inmobiliarios, con obras detenidas y fuerte interés en reactivar permisos y proyectos. En ese contexto, el apuro por tratar una norma parcial despierta más dudas que certezas.
En paralelo, crecen los reclamos vecinales que exigen mayor acceso a la información y participación en las decisiones que definen el futuro urbano del distrito, especialmente en zonas donde el avance inmobiliario ya tensiona la infraestructura existente.
Mientras la justicia y los vecinos reclaman, algo esta claro, el Municipio de Tigre no busca limitar las torres: busca volver a habilitarlas.
El “límite de alturas” parece ser un instrumento para destrabar el negocio inmobiliario, forzado por la Justicia y presionado por los desarrolladores y las respuestas del ejecutivo no alcanzan.
La pregunta sigue abierta: ¿se trata solo de desprolijidad administrativa o de un manejo deliberado del desarrollo urbano?
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